En base al estudio “Análisis comparativo de acciones gubernamentales frente a la minería ilegal e informal en América del Sur”, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, gerente de Políticas Públicas, señaló que, en el Perú las medidas de formalización no han tenido éxito, debido a que no han sido consistentes en el tiempo y han ampliado sus plazos.
El estudio mencionado identifica acciones similares de los gobiernos de Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Bolivia, frente a la minería ilegal. A su vez, determina qué las medidas adoptadas por dichos países han resultado ineficientes.
Proyectos mineros
Para el gerente de Políticas Públicas del IPE, tener una cartera de proyectos mineros por más de US$ 55 mil millones podría dinamizar fuertemente el empleo, la economía, y generar recursos fiscales que van a ser valiosos para impulsar el desarrollo del país.
En este sentido, mencionó que la tramitología y la conflictividad social son los dos principales desafíos que dificultan la puesta en marcha de los proyectos (más del 50% están paralizados por estos motivos, según estudio de IPE realizado en 2023).
Tramitología
En cuanto a la tramitología, afirmó que, en los últimos 30 años la cadena de valor minera desde la fase de exploración hasta la fase de cierre se ha multiplicado por 27. “Hoy para poder operar necesitamos más de 230 procedimientos administrativos, que involucran 430 normas y 30 instituciones, 29 públicas y una sin fines de lucro”, dijo.
Como alternativa de solución, comentó que debería haber un espacio de reflexión respecto a que trámites y procedimientos administrativos son importantes, cuales no lo son, cuales habría que simplificar, e incluso cuales habría que eliminar.
FUENTE: IPE
