El 2025 se perfila como un año récord para la infraestructura pública en el Perú. Según datos de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), entre enero y octubre se adjudicaron 284 proyectos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), con una inversión total de S/ 3 436 millones, lo que representa más del doble de lo adjudicado durante todo 2024.
Este resultado consolida al mecanismo OxI como una de las herramientas más efectivas para acelerar la ejecución de obras públicas y reducir las brechas de infraestructura en todo el país. Gracias a la participación activa del sector privado, se logró financiar proyectos de alto impacto en sectores como transporte (S/ 855 millones), salud (S/ 624 millones), educación (S/ 510 millones) y seguridad ciudadana (S/ 438 millones).
Durante este periodo, 308 entidades participaron en el modelo OxI, entre públicas y privadas, mientras que 128 empresas se sumaron por primera vez a este esquema de inversión. Este crecimiento demuestra la confianza que genera la modalidad, así como su capacidad de movilizar recursos y experiencia técnica hacia proyectos prioritarios a nivel nacional y regional.
Para el sector construcción y su cadena de valor —contratistas, consultoras, proveedores de acero, concreto, maquinaria y servicios técnicos—, el aumento de adjudicaciones abre un panorama de oportunidades. Las obras financiadas mediante OxI demandan mayor especialización, eficiencia y cumplimiento de estándares de calidad, impulsando la modernización de las prácticas constructivas y la adopción de tecnologías que optimicen plazos y costos.
El reto ahora está en garantizar que las obras adjudicadas mantengan el mismo ritmo en su ejecución. Para ello, se requiere fortalecer la gestión de los proyectos, asegurar la transparencia de los procesos y promover la participación de gobiernos regionales y locales menos familiarizados con la modalidad.
Con este récord histórico, el Perú consolida su liderazgo regional en la implementación de Obras por Impuestos, un modelo que no solo acelera la infraestructura pública, sino que también promueve una colaboración efectiva entre el Estado y el sector privado para generar desarrollo, empleo y bienestar social.
FUENTE : FORBES PERÚ
