La reciente aprobación del Congreso de la República, que incorpora al Código Penal el delito de exposición al peligro por arrojo de residuos sólidos en ríos y quebradas, marca un hito en la gestión ambiental y en la protección de la infraestructura urbana y civil. La norma sanciona con penas de 2 a 4 años de prisión a quienes arrojen residuos en riberas o cauces, y hasta 6 años si se emplea maquinaria pesada o si la acción causa daños a infraestructuras públicas.
Esta medida cobra especial relevancia en un contexto donde el crecimiento urbano, las obras de construcción y la falta de gestión adecuada de residuos han incrementado la presión sobre los ecosistemas ribereños. Para el sector construcción, la aprobación de este artículo implica una responsabilidad más estricta en el manejo de residuos de obra, evitando que escombros o material sobrante terminen en zonas de riesgo que pueden agravar inundaciones o desbordes durante temporadas de lluvias intensas.
La norma también busca prevenir que camiones o maquinaria, muchas veces utilizados de manera informal para el transporte de residuos, sean empleados para verter desechos en ríos o quebradas. Esto no solo afecta la calidad del agua y los ecosistemas, sino que también compromete defensas ribereñas, puentes, carreteras y obras hidráulicas, cuya capacidad operativa puede verse seriamente comprometida por la acumulación de basura en los cauces.
Además, la medida responde a la necesidad de mitigar los riesgos asociados a eventos climáticos como el Fenómeno El Niño, donde los residuos acumulados en los cauces incrementan el potencial de obstrucciones, generando huaicos, erosión acelerada y afectaciones a viviendas y obras públicas. La penalización busca desincentivar estas prácticas y promover una cultura de disposición responsable en toda la cadena productiva.
Para el sector arquitectura, construcción e ingeniería civil, esta decisión legislativa refuerza la necesidad de implementar planes de gestión de residuos más estrictos, controles internos durante la operación de maquinaria y una mejor supervisión de contratistas y subcontratistas. Asimismo, abre la puerta a fortalecer la infraestructura de recolección y valorización de residuos, así como a fomentar la adopción de tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las obras.
En un país donde los ríos juegan un rol fundamental en el desarrollo urbano y en la seguridad hídrica, esta norma constituye un avance significativo para proteger no solo el ambiente, sino también la integridad de las ciudades y las obras que las sostienen.
FUENTE : DIARIO PERÚ 21
